El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, cuestionó duramente la reciente intervención del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en el cantón de Naranjo, calificándola como un acto de abuso de poder por parte del Gobierno Central y una amenaza directa a la autonomía de los gobiernos locales.
El incidente se originó tras una interconexión en la red de agua potable realizada por el AyA con el fin de abastecer a 120 familias del proyecto habitacional La Esperanza. La medida, aunque buscaba resolver una necesidad urgente de vivienda, ha generado fuertes reacciones entre distintos sectores, incluyendo la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), que denunció una posible extralimitación de funciones por parte del Ejecutivo.
Ramos expresó que, si bien comprende la urgencia de brindar vivienda digna a muchas familias, esto no puede hacerse al margen de la ley ni ignorando los procedimientos establecidos. “No podemos permitir que, en nombre de una buena causa, se atropellen principios fundamentales como la seguridad jurídica y la autonomía municipal”, afirmó.
El candidato insistió en que acciones como estas, aunque parezcan justificadas en el corto plazo, podrían sentar precedentes peligrosos. “Hoy es por un proyecto habitacional, pero mañana puede ser por temas más sensibles como la seguridad o la libertad. No se puede jugar con las normas del país”, advirtió.
Desde su perspectiva, si las leyes actuales dificultan la respuesta a necesidades sociales urgentes, lo correcto es promover su reforma por las vías institucionales correspondientes, no ignorarlas. “Respetar el marco legal es esencial, incluso cuando se busque resolver problemas reales como el acceso a vivienda”, concluyó.
Por su parte, el AyA defendió su actuación señalando que el suministro de agua en la zona es suficiente y que la institución actuó dentro de sus competencias constitucionales. “El agua no puede convertirse en una herramienta de presión o moneda de cambio”, expresó la entidad en un comunicado oficial.
Este episodio reabre el debate sobre los límites de la intervención estatal, la necesidad de coordinación entre instituciones y municipalidades, y el equilibrio entre legalidad y urgencia social en la toma de decisiones públicas.
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